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Compra pública verde

La valoración ambiental en los contratos públicos esta recogida por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), por la que se fijan los criterios de modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación publica, para incluir la valoración ambiental como exigencia objetiva de resolución de los concursos que se convoquen.

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Concretamente, con este plan se pretende que se alcance antes del 31 de diciembre de 2010 la meta establecida por la Comunidad Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible. Más concretamente, el Plan prevé alcanzar un ahorro energético del 9% antes del 31 de diciembre de 2010 y del 20% a finales de 2016. También un ahorro de agua del 20% en 2010. En cuanto al mobiliario utilizado en la Administración, se promueve la utilización de materiales de origen reciclado y cuando contenga un porcentaje de madera superior al 10%, ésta ha de tener un origen legal, proceder de explotaciones gestionadas de forma sostenible y no contener sustancias tóxicas.

En definitiva, el objetivo de introducir criterios “verdes” en la contratación pública se basa en la responsabilidad de reducir al mínimo los impactos ambientales producidos por estas contrataciones y asegurar una demanda pública de bienes y servicios que pueda ser detectada por los productores y proveedores de la Administración para que encuentren interesante producir y distribuir nuevas alternativas sostenibles a los productos y servicios tradicionales.

Para poner en práctica esta política, el Consejo de Ministros acuerda el 22 de mayo de 2006 la creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ambientales en la contratación pública y la redacción de un Plan Nacional de Compra Pública Verde para articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente en las oficinas y dependencias de la AGE y sus organismos públicos. La citada Comisión está liderada por el Ministerio de Medio Ambiente.

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Deducción en el impuesto de sociedades por inversiones medioambientales

Así pues, según dicha normativa, los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades el 10% del importe de las inversiones medioambientales,  realizadas en instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente y en vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera que contribuyan de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica. Entre los requisitos exigidos para poder practicar tal reducción, figuran los siguientes:

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Que las inversiones tengan por finalidad:

  1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales, contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales para la mejora de la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del 10% de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión.
  2. La deducción prevista en el apartado anterior también se aplicará en el supuesto de adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera, sólo para aquella parte de la inversión que reglamentariamente se determine que contribuye de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica.
  3. Asimismo, podrá deducirse de la cuota íntegra el 10 por ciento de las inversiones realizadas en bienes de activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables consistentes en instalaciones y equipos con cualquiera de las finalidades que se citan a continuación:
    1. Aprovechamiento de la energía proveniente del sol.
    2. Aprovechamiento, como combustible, de residuos sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrícolas y forestales.
    3. Tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en biogás.
    4. Tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburantes (bioetanol o biodiésel).
  4. La parte de la inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción.

Que la inversión se realice para dar cumplimiento a la normativa vigente en las correspondientes materias de medio ambiente y en ejecución de planes, programas, convenios o acuerdos aprobados o celebrados con la Administración competente en materia ambiental. La prueba del cumplimiento de este requisito se realizará mediante la certificación de convalidación de la inversión expedida por la Administración competente en materia medioambiental, considerándose como tal aquélla que, siéndolo por razón de la materia objeto de protección, lo sea igualmente respecto del territorio donde radiquen las inversiones objeto de la deducción.